domingo, 5 de agosto de 2007

Importancia de analizar la Distribución Fiscal para las Entidades de la República.

En esta colaboración daremos seguimiento a la reforma hacendaria calderonista, concretamente en la parte denominada “Federalismo Fiscal”. Este concepto, desde mediados de la década de los 80´s tomó auge debido al cambio cualitativo de nuestra economía durante los sexenios De la Madrid - Salinas. A partir de esa época, nos perfilamos de ser una economía cuasi cerrada hacia una economía totalmente abierta, a través de una creciente desregulación del comercio exterior y la privatización de casi la totalidad de las empresas paraestatales que representaban un cargo excesivo al erario público. Curiosamente, hoy sobreviven las instituciones y sindicatos más fuertes y corruptos que se siguen oponiendo sistemáticamente a cualquier reforma económica de este tipo: PEMEX, CFE, LFC, SNTE; IMSS, ISSSTE, CTM, entre los más importantes.

De manera que, durante el sexenio del Lic. Carlos Salinas de Gortari, se configuró una creciente búsqueda de ingresos públicos distintos a los del petróleo, y junto con su obra cumbre, el Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, constituyeron la temática de esa aventura neoliberal de México. Lamentablemente, la lógica política se impuso a la lógica económica, y hoy, a más de 20 años de comenzar con esta transición económica, nuestro país todavía sigue en la búsqueda de sustituir la dependencia de los ingresos provenientes del petróleo que cada vez son más raquíticos.

El argumento del actual gobierno federal parte de reconocer que el mejoramiento de la Hacienda Pública debe comprender a todos los ordenes de gobierno -desde el punto de vista económico: i) porque hay poca claridad en la división de responsabilidades y funciones; ii) porque hay excesiva dependencia de los gobiernos estatales sobre las transferencias federales para enfrentar las responsabilidades de gasto; iii) por que debido a las formulas de asignación de participaciones y aportaciones los incentivos de los estados son bajos para recaudar más y hacer un mejor uso de los recursos; y iv) porque el pacto fiscal vigente no ha coadyuvado a fortalecer las haciendas públicas de los tres ordenes de gobierno, ni por el lado de la recaudación, ni por el lado de contener las presiones de gasto. En suma, la centralización económica heredada del pasado, hace que hoy un gobierno federal que no tiene el control del Poder Legislativo y no gobierna en la mayor parte de los estados de la República, salga por primera vez en la historia –la iniciativa de Fox no cuenta- a explicar y convencer de las bondades de una reforma hacendaria para todos los sectores del país. Hay que aprovecharlo.

¿De donde parte el Ejecutivo Federal para justificar un nuevo “Federalismo Fiscal”?

1.- En promedio, los recursos propios de las entidades representan sólo 8% de sus ingresos totales. Desde 1998, los ingresos transferidos a las entidades se han incrementado en 1.5% del PIB, aún cuando los ingresos no petroleros del gobierno federal han aumentado en 0.9 % del PIB. (Cuadro 1).


2.- Las fórmulas de asignación de los recursos entre las entidades padecen de varias deficiencias, entre las que se pueden mencionar que no contienen incentivos para incrementar la recaudación de las entidades (costo político de por medio); y tampoco premian el buen desempeño económico entre cada entidad federativa. Por ejemplo, hay asignaciones como el Fondo de Apoyo a la Educación Básica (FAEB), que obedecen a una situación histórica y no reflejan los cambios demográficos y económicos entre las entidades, lo cual resulta muy injusto. Lo más ridículo del caso (asignaciones históricas o por decreto) es que la mayoría de las haciendas públicas locales no pueden destinar recursos hacia actividades productivas distintas a las tradicionales, por eso hay casos como los de Oaxaca o Chiapas, donde el magisterio es muy fuerte y es tradicional, que exige tantos recursos que no permite inversiones en actividades que tengan que ver con el desarrollo económico, con lo cual podría fortalecer su economía. Es decir, no hay un vínculo claro entre las participaciones, la actividad económica y la recaudación en las entidades federativas, lo que ha llevado a que la distribución de las participaciones per cápita no hayan cambiado con el paso del tiempo. (Cuadro 2).



¿Cuál es la propuesta concreta?

Se pretende replantear el pacto federal para que cada entidad atienda los problemas más importantes que viven en sus comunidades y regiones, para lo cual propone nuevas potestades tributarias locales:

a) Permitir a las entidades introducir un impuesto a las ventas finales de todos los bienes que actualmente están gravados por el IEPS. (presentes y futuros)

b) Establecer que cuando menos el 20% de lo recaudado se destine a los municipios.

c) También, que cuando menos el 50% de lo recaudado se destine a infraestructura en vialidades y en seguridad.

d) Y se les transferirá a los Estados la potestad tributaria sobre la tenencia con un artículo transitorio que dará 6 años para su aplicación a las legislaturas locales.

La recaudación de estas nuevas potestades se sumarían al 30% del incremento de la recaudación federal participable con motivo de la reforma fiscal. Por otra parte, para rescatar el espíritu de fomento a la actividad económica y estímulo a la recaudación de las participaciones federales, al mismo tiempo se propone fortalecer el componente solidario y redistributivo:

e) Modificando las formulas de las participaciones para premiar la actividad económica y los esfuerzos de recaudación.

f) Adecuar las reglas de algunos de los fondos de aportaciones para realizar transferencias federales redistributivas.

Hasta aquí, es la propuesta concreta que la Secretaría de Hacienda ha presentado para mejorar la hacienda pública de las entidades de la república, la cual, está ahora en manos del Poder Legislativo y ya ha sido criticada por los principales sectores de nuestra economía. ¿Cuál es el beneficio concreto para Durango? ¿De quien es la responsabilidad de informar a los ciudadanos en este tema? ¿De tin-marín de do-pin-güe? La verdad que no hemos escuchado nada al respecto.

Como se trata de una propuesta que igual está dirigida hacia la iniciativa privada como al sector público, en lo particular me preocupa el debate de nuestros legisladores locales y federales y la resolución que finalmente hará el Gobierno del Estado. Por lo menos –se supone- los diputados federales y los senadores ya tienen tablas y están más “encanchados”, aunque no hemos visto ninguna postura; y la legislatura local se encuentra en plena transición y tampoco vemos claro por donde vendrá su posicionamiento, lo único que mostraron en campaña es que todos los diputados locales van a ayudar a generar empleos y traer más recursos a Durango ¿Cómo? No lo sé.

¿Cuál es el escenario para el Gobierno del Estado de Durango?

Partiríamos de una realidad que es la justicia y la equidad distributiva. En este sentido, competimos con entidades que a lo largo del tiempo han estado soportando la carga fiscal del país, y que, en términos de Población y de Producto Interno Bruto, criterios fundamentales para la distribución de los ingresos fiscales, exigirán un mejor tratamiento de la federación. Con estos criterios Durango aparece en el lugar 24 a nivel nacional. (Cuadros 3 y 4).







Asimismo, el Estado de Durango presenta un crecimiento promedio de 12.43% de los ingresos públicos en los últimos 9 años. Lo que representa un crecimiento moderado que se ve estancado a partir del año 2003, producto de las bajas expectativas del precio del petróleo y al poco margen de maniobra de los presupuestos públicos, pues en general los rubros de gasto ya están “etiquetados” o “asignados” históricamente. Recordemos las penurias que pasó la administración del Lic. Ángel Sergio Guerrero Mier al terminar el sexenio 1998 – 2004; y la refinanciación obligada de la deuda pública que hizo la actual administración del C.P. Ismael Hernández Deras, apenas en el año 2005. (Cuadros 5 y 6).




Ahora bien, la cuestión aquí no es pedir más, sino cómo justificar que no le den menos a Durango, toda vez que en la entidad tenemos una base gravable muy raquítica, y, por otro lado, hasta el año 2010, el cargo que representará el financiamiento público de la Supercarretera Durango – Mazatlán, restará margen de maniobra al presupuesto que llega de la federación.

A ello súmele las grandes necesidades que se tienen en la entidad de más infraestructura carretera: Fresnillo, Parral; mejores vialidades urbanas; seguridad pública; y por ahí hasta el último los apoyos para apuntalar el crecimiento económico de nuestras regiones. De modo que el costo de oportunidad para nuestro gobierno estatal es muy alto.

En este contexto, estimados amigos, la discusión que se haga en los siguientes 3 meses será fundamental para la programación del presupuesto 2008 y las inversiones subsecuentes para nuestro estado. De ahí la preocupación y cuidado que debemos darle a la aprobación o no de una reforma hacendaria para nuestro país.

En este sentido, valdría la pena conocer los planes que hay en la Ley de Ingresos y las prioridades de gasto para 2008 de nuestro gobierno estatal, al margen del presupuesto participativo que ha condicionado invertir los recursos públicos de Durango en fachadas del centro histórico; o en las nuevas instalaciones de la feria; o en la supercarretera Durango – Mazatlán.

Los números, las gráficas y los comentarios los dejo para su reflexión, estimado lector.

Leonardo Alvarez es economista y socio fundador de la empresa GD Innovaciones, S.C.; cualquier cometario relacionado con esta columna, por favor dirigirla a:
leonardoengd@gmail.com ó www.leonardoengd.blogspot.com

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