viernes, 17 de septiembre de 2010

¿Qué cuentas nos entrega Ismael Hernández?

Texto escrito por: Gilberto García Vazquez y Leonardo Alvarez Cervantes

En julio de 2004, 265,546 duranguenses otorgaron a Ismael Hernández control sobre muchos de los asuntos públicos del estado. Lamentablemente, olvidamos conservar o construir para nosotros mecanismos para exigir cuentas. Mientras dormíamos, Ismael Hernández incrementó su dominio sobre los asuntos públicos al tiempo que montó una extraordinaria y costosa maquinaria de comunicación centrada en el culto a su persona, que por años ayudó a que se sobrevalorara su capacidad como gobernante. Hoy que su sexenio termina, es indispensable reflexionar sobre lo que realmente ha pasado con Durango en los últimos años.



Evaluar el desempeño de un gobierno estatal es complicado pero no imposible. Con la intención de ser tan objetivos como nuestras limitaciones, fobias y prejuicios nos permitan, analizamos el desempeño de Ismael Hernández como gobernador en tres áreas: seguridad pública, empleo, y rendición de cuentas. Nos enfocamos en estas áreas a partir de los datos de una encuesta realizada en la ciudad de Durango por GD Innovaciones, entre el 18 y 21 de junio pasado, donde 45% de los ciudadanos identificó a la inseguridad como el principal problema del estado, 40% al desempleo, y 15% la transparencia y rendición de cuentas. Además, estas también eran parte de las promesas de quien, a los 39 años, se presentó en la contienda para gobernador como el líder de una generación de políticos con juventud, rumbo y experiencia.


Seguridad Pública: En el gobierno del estado aseguran que la inseguridad en Durango es producto de un problema federal (narcotráfico), que se complica por una mala estrategia también federal (guerra contra las drogas), y que por cuestiones geográficas se intensifica en Durango. Es, pues, algo así como la influenza. Sin embargo, hay otras dimensiones de la inseguridad donde se manifiesta el verdadero problema: la impunidad.


De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, entre 2005 y 2009 se multiplicaron por tres las denuncias de secuestro en el país. Como sabemos, no todos los delitos se denuncian (la CNDH estima que por cada secuestro denunciado existen otros tres que no lo son; el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad calcula que por cada secuestro denunciado se cometen otros 16). Del total de secuestros denunciados, 70% se concentran en ocho estados. Si bien Durango no está entre estos, sí encabeza la lista de estados con mayor tasa de crecimiento de secuestros entre 2005–2009. Mientras que en el país los secuestros se multiplicaron por tres, en Durango se multiplicaron por doce. Si comparamos estos datos con el informe de secuestros en el mundo realizado por Ikv Pax Christi, encontramos que durante los últimos cuatro años de la administración de Ismael Hernández la tasa de crecimiento de secuestros en Durango fue mayor que en Irak, y junto con Nuevo León fue la de mayor crecimiento porcentual en el país.


Pero ese no es el dato más preocupante. De acuerdo con el estudio de CESOP, Durango está entre los estados con menor índice de sentencias por secuestro. De los 63 secuestros denunciados entre 2007 y 2010, solamente se sentenciaron a cuatro personas. De estas cuatro, tres fueron absueltas por falta de pruebas. Dicho de otra forma, en los últimos tres años, con una de las tasas de crecimiento en secuestros más altas del país (y del mundo), sólo una persona ha sido encarcelada. Mientras que a nivel nacional el porcentaje de condenas por secuestro es 87%, aquí es 25%. Quizás, después de todo, esto sea una buena noticia, considerando la alta productividad que alcanzan los delincuentes cuando son encarcelados en Durango. En más de un sentido, las cárceles del estado son lugares de paso: la sentencia para la única persona condenada por secuestro durante las últimas cuatro ferias es menor de cinco años. El promedio nacional es de más de 17 años.


Como en cualquier negocio, a las plazas donde delinquir es una actividad exitosa, rentable e incluso segura, arriban los organizados, surgen los eventuales, proliferan los informales, e incluso prosperan los improvisados. La impunidad es la mejor promoción para que nuevos “emprendedores” se unan al delito, o simplemente cambien de uniforme: más de 25% de los secuestros son cometidos por miembros o ex miembros de la policía. Pero en Durango la impunidad no es la única causa de la inseguridad: la marginación, falta de integración social y de empleo han exacerbado este problema. Cuando las prioridades de gobierno se distraen en tareas distintas a la promoción del desarrollo social y económico, cuando la mayoría de los principales funcionarios son improvisados, los malos resultados no debieran sorprendernos.


Empleo: A pesar de arrojar un saldo positivo en los registros del IMSS desde que inició la administración de Ismael Hernández, en el tema de empleos Durango está inmerso en un panorama de claroscuros. El adjetivo más adecuado podría ser el de inconsistencia.


De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a cargo del INEGI (segundo trimestre de 2010), 4.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) del estado permanece desocupada, lo que es poco. Sin embargo, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI) es 26.6%, lo que es muy alto. Esto significa que en Durango hay empleo, si trabajas como empleado eventual construyendo la carretera, rescatando el centro histórico o ampliando una vialidad. Estructuralmente, la economía de Durango no genera empleos formales (de los que la mayoría queremos). De enero a julio de 2010 se han registrado en el IMSS 4 mil 23 trabajadores, de los cuales sólo 993 son de carácter permanente. En este sentido, entre julio 2009 y julio 2010, se han recuperado sólo 4 mil 360 empleos permanentes de los que se perdieron al iniciar la crisis. Si nos comparamos con julio de 2008, mantenemos un déficit de 2 mil 830 empleos permanentes.


De acuerdo a una encuesta de GD Innovaciones (18-21 junio 2010), una de cada dos personas en el estado opina que la construcción de infraestructura fue el programa más sobresaliente de Ismael Hernández, seguido por Durango Solidario (14%). A esto los abuelos le llaman presumir con sombrero ajeno: la Súper Carretera Durango–Mazatlán, el Hospital General de Especialidades, el rescate integral del Centro Histórico de Durango, las nuevas universidades, y las obras hidráulicas como Agua Futura (presa Santiago Bayacora), fueron realizadas y/o financiadas por el gobierno federal.


Durante la gestión de Ismael Hernández hubo una extraordinaria inconsistencia en las políticas de promoción económica. Esta inconsistencia merma la continuidad de programas y objetivos, pero, sobre todo, la capacidad de mezclar recursos enfocados a las Pymes con el gobierno federal y los municipios. Y las Pymes generan empleos permanentes. A pesar de que se declara lo contrario, no hay evidencia estadística que demuestre que la crisis de 2008 frenó el crecimiento del empleo en Durango. Han sido las políticas públicas del gobierno del estado las que fallaron. Un estado con las complicaciones que vive Durango no se promueve solo: la SEDECO requiere de funcionarios que provoquen cambios, no que aguarden en su oficina a que lleguen las soluciones, o el siguiente puesto. Durango es un complejo mosaico de recursos y retos que requieren de creatividad para producir crecimiento.


Rendición de cuentas: La representación supone que los gobernantes actúan de acuerdo al interés público. Este, como bien sabemos, es un supuesto problemático. El reto de los ciudadanos es lograr que los gobernantes, equipados con amplios poderes y (nuestros) recursos, procuren el bien común. Para lograrlo, primero debemos tener información suficiente para evaluar, y después mecanismos para sancionar, el desempeño de los funcionarios públicos. En Durango carecemos de ambos.


De acuerdo a un comparativo entre las legislaciones de las entidades federativas realizado por FUNDAR, la ley de Durango de acceso a la información es la novena entre las mejores del país. En el contexto de México, Durango ha reconocido el derecho a la información con una legislación coherente. Sin embargo, nuestra tarea pendiente es la rendición de cuentas –la obligación de los funcionarios de informarnos sobre sus decisiones, motivaciones, y los resultados de dichas decisiones, y que existan consecuencias legales creíbles a la corrupción. En todo el continente, México y Venezuela son los países con calificación más baja en rendición de cuentas, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria; En todo el país, Durango se encuentra por debajo de la media nacional en este rubro. Somos, pues, de los malos entre los malos.


Un componente esencial de exigir cuentas es ver dónde se gastó nuestro dinero. Esto nos muestra cuáles han sido las prioridades de gobierno. De acuerdo a información del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Durango, en 2010 el presupuesto de la Dirección de Comunicación Social del Estado de Durango es mayor al gasto conjunto de las secretarías de Desarrollo Social, Protección al Medio Ambiente, Desarrollo Económico, y Turismo, y es dos veces mayor a la inversión del gobierno del estado en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Con el presupuesto conjunto de la Dirección de Comunicación Social y de las Unidades de Apoyo al Ejecutivo, podríamos incrementar 80% la inversión en educación, multiplicar por tres la de obras públicas, y por cinco la de desarrollo social. Si bien durante la administración de Ismael Hernández el gasto público creció 26%, el presupuesto destinado para la promoción y el fomento del desarrollo económico, social y ambiental representó 0.7% del presupuesto. Las prioridades se pagan, y durante la administración de Ismael Hernández fueron más importantes las espectaculares fotografías de un gobernador sonriente que la promoción de empleos.


Inseguridad, poco empleo y magra rendición de cuentas: no es casual que, de acuerdo a la encuesta de GD Innovaciones, sólo 31% de los duranguenses estén satisfechos por la dirección que lleva el estado, mientras que 52% duda que el gobierno estatal y los gobiernos municipales tengan la capacidad para resolver los problemas que enfrentamos. Al solicitar una calificación del 1 al 10 en el cumplimiento de sus promesas de campaña, los ciudadanos otorgan 4.1 puntos a Ismael Hernández.


La representación supone que los gobernantes actúan de acuerdo al interés público, pero en Durango ese supuesto es especialmente problemático. Los ciudadanos otorgan al Congreso Local un índice de representación de 4.9 puntos, los mismos que a Ismael Hernández como gobernador (en medio de una fallida guerra contra las drogas, este índice de confianza es menor al de la PGR y la Procuraduría Estatal de Justicia). De acuerdo a la misma encuesta, los ciudadanos califican con 4.7 la cercanía de los gobernantes a sus necesidades. Después de todo, los espectaculares y los spots de televisión no son tan cercanos a la gente.


Tareas pendientes: Es cierto, debemos elegir (contratar) funcionarios que cuenten con la inteligencia para discernir, y la virtud para perseguir, nuestro bienestar. Pero también debemos crear instrumentos para que estos funcionarios, aun los que resulten malos gobernantes, estén siempre y en todo momento obligados a controlarse a sí mismos.


Al igual que los contratos escritos con letras chiquitas, la asimetría de información entre gobernantes y ciudadanos actúa siempre en perjuicio de estos últimos. Los gobernantes tienen formas para saber lo que los ciudadanos queremos, pero difícilmente los ciudadanos sabemos exactamente lo que los gobernantes han hecho por nosotros. Esto les permite ignorar sus promesas sin mayores consecuencias, y a los ciudadanos nos obliga a callar o a criticar sin bases ni efectividad. Si la opacidad les ofrece impunidad, ¿por qué harían más visibles sus acciones? Los duranguenses debemos enviar un mensaje claro a los grupos políticos del estado: estamos dispuestos a otorgarles poder y recursos sólo si nos dan información sobre lo que hacen con ellos, y establecemos reglas para que paguen por actos de corrupción. Lamentablemente, hemos otorgado todo el poder, los recursos y hasta la idolatría exigiendo poco a cambio. Por eso nos sentimos defraudados por Ismael Hernández. Ojalá al fin hayamos aprendido la lección: firmar un contrato donde damos todo sin pedir nada a cambio hace que nos rompan el corazón, la tranquilidad… y la cartera.

 Gilberto García Vazquez.- gil.garciavazquez@gmail.com
Leonardo Alvarez Cervantes.- leonardo.alvarez@prodigy.net.mx
*Puede consultar el documento en extenso en: www.gdinnovaciones.com

sábado, 4 de septiembre de 2010

El debate eterno de los impuestos

Aunque la lógica económica nos indica que componer las finanzas públicas está en manos del Presidente y los legisladores, la evidencia “política” nos dice que no lo harán.



En materia de recaudación, hay dos principios fundamentales que se han omitido histórica y sistemáticamente: equidad e igualdad. En México, no todos pagan impuestos, y los que pagan, lo hacen en franca desventaja frente a ciertos grupos o empresas que lo hacen con regímenes especiales.


Al calor de los dogmas políticos en nuestro país rehúyen el tema. Hoy, concretamente, el PRI, pide reducir el IVA del 16 al 15%, y el PAN lo acusa de populista. El primero se perfila para una venganza contra el PAN y el Ejecutivo desde el Congreso y el Senado; y el segundo, no tiene posibilidades de promover reformas que le ayuden a mejorar su desempeño. Ambos están enfocados en el 2012.  


Lo realidad es que en un futuro no muy lejano (cuando el petróleo se termine o nos llegue una crisis económica de las nuestras), habrá un faltante fiscal enorme en nuestras finanzas públicas, el cual se buscará cerrar, inevitablemente, con mayores impuestos, medidas administrativas de tributación, ajustes al gasto público y un mayor déficit. La realidad es que hay dos objetivos clave que tienen que perseguirse desde el legislativo:


El primero es darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas a través de una base sólida de recaudación. El segundo es alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de promover el trabajo, el ahorro y la inversión, es decir, con el crecimiento económico.


Estos dos objetivos sólo pueden lograrse mediante un IVA homogéneo, porque es directo al consumo, es progresivo (paga más quien más consume), masivo, fácil de calcular y recaudar; la adopción integral del IETU; la eliminación del ISR a las personas morales; y la adopción de un ISR justo a las personas físicas.


Por enésima vez estamos a tiempo de discutir una importante reforma. ¿Estarán los legisladores dispuestos a entrarle a esta reforma? Francamente, lo dudo.


Por otro lado, se tiene que generar certidumbre y precisión en el gasto público. Desde que inició la explotación masiva de petróleo, en 1978, el gobierno mexicano se volvió especialista en destruir la riqueza petrolera. El dispendio de billones de pesos obtenidos por la producción de petróleo, recursos que deberían haber sido invertidos en capital físico y humano, simplemente se derrocharon a través de un arreglo institucional que privilegió la transferencia de rentas a unos cuantos privilegiados sin haber generado, por peso gastado, el valor agregado que lo justificara.

Lo anterior nos lleva al segundo elemento planteado para cerrar el boquete fiscal. El gobierno, en sus tres niveles, desperdicia más de 300 mmdp al año en programas de apoyo a diversos sectores que, bajo una estricta evaluación social de proyectos, tienen valor presente negativo: pago a miles de burócratas que administran este derroche de recursos; transferencias a sindicatos de entidades gubernamentales que son un verdadero insulto para el resto de la población; 100 mil profesores que nunca se paran en un salón de clase por estar comisionados en el sindicato; obras públicas en infraestructura que son verdaderamente inútiles; transferencias al sector rural para mantener a los campesinos en perpetua pobreza, y un larguísimo etcétera.



Aunque todos sabemos que componer las finanzas públicas está en manos del Presidente y los legisladores, la evidencia “política” nos dice que no lo harán.

Leonardo Alvarez

Brújula perdida para las definiciones importantes de nuestro país.

Tenemos la brújula perdida desde hace una década. Contamos con políticos como Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, que se autodefine como un político de avanzada, de primer mundo; pero, también tenemos políticos que no son capaces de discutir los temas trascendentes para el país.

Hace apenas unos días, la Suprema Corte avaló los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque mayoritaria, la votación de nueve ministros a favor y dos en contra, revela que hay posiciones en ambos extremos del debate. También se avaló que estos matrimonios puedan adoptar.

Los gobiernos más conservadores, se inclinan porque el Estado imponga restricciones en el ámbito personal. Por lo general, buscan limitar los matrimonios gay (y por supuesto la adopción), la eutanasia, el aborto o la legalización de ciertas drogas. En contraste, los gobiernos de izquierda buscan ampliar y proteger las libertades del individuo. 

Paradójicamente, cuando pasamos del ámbito de la vida privada al de la economía los papeles se invierten. Los grupos más identificados con la derecha, o de corte más conservador, abogan por la máxima libertad y la menor injerencia del Estado en las actividades económicas. Por la libertad para que los individuos interactúen en el mercado con las menores restricciones posibles. La izquierda, incansable abogada de extender cada vez más las libertades “personales” de los ciudadanos, propone un modelo económico donde el gobierno juegue un papel mucho más activo en la economía: como ente que regula, como proveedor de ciertos bienes y como garante de la seguridad social.

Durante la última década, México ha sido tierra fértil para la discusión sobre derechos y libertades ciudadanas. Mucho se ha avanzado en reconocer los derechos de los grupos que componen el país, ya sea que se hable de las sociedades conyugales, de indígenas, de género o de discapacitados. Un estado Laico, como el mexicano, les debe procurar un lugar dentro de la Ley.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo respecto a las definiciones fundamentales en lo económico. En las últimas tres décadas las plataformas de los partidos y candidatos han consistido más en una lista de buenos deseos (crecimiento del 7% o generación de un millón de empleos al año) que de estrategias y definiciones sobre el camino a seguir. No se definen en torno al papel que el Estado debe jugar en la economía, ni en la identificación del factor que limita el crecimiento. Estamos completamente extraviados.

Rumbo al 2012, debe exigirse a candidatos y partidos, definiciones en lo económico que den algún grado de certeza. Preguntarles cuál será su apuesta para lograr el crecimiento sostenido que no ha sido en casi tres décadas. Que nos digan qué tanto mercado o qué tanto Estado en la economía, y que nos identifiquen por qué México no crece y qué habría que hacer para lograrlo.

Tenemos la brújula perdida desde hace una década. Contamos con políticos como Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, que se autodefine como de primer mundo, como un político de avanzada; pero, también tenemos políticos que nos son capaces de discutir los temas trascendentes para el país.

Ojalá que la definición de la corte en materia de matrimonios monoparentales y la posibilidad de que estas mismas parejas adopten, encienda el debate de la misma forma en cuanto a la definición económica de nuestro país. Es urgente encontrar un rumbo definido.
Leonardo Alvarez