En materia de recaudación, hay dos principios fundamentales que se han omitido histórica y sistemáticamente: equidad e igualdad. En México, no todos pagan impuestos, y los que pagan, lo hacen en franca desventaja frente a ciertos grupos o empresas que lo hacen con regímenes especiales.
Al calor de los dogmas políticos en nuestro país rehúyen el tema. Hoy, concretamente, el PRI, pide reducir el IVA del 16 al 15%, y el PAN lo acusa de populista. El primero se perfila para una venganza contra el PAN y el Ejecutivo desde el Congreso y el Senado; y el segundo, no tiene posibilidades de promover reformas que le ayuden a mejorar su desempeño. Ambos están enfocados en el 2012.
Lo realidad es que en un futuro no muy lejano (cuando el petróleo se termine o nos llegue una crisis económica de las nuestras), habrá un faltante fiscal enorme en nuestras finanzas públicas, el cual se buscará cerrar, inevitablemente, con mayores impuestos, medidas administrativas de tributación, ajustes al gasto público y un mayor déficit. La realidad es que hay dos objetivos clave que tienen que perseguirse desde el legislativo:
El primero es darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas a través de una base sólida de recaudación. El segundo es alinear los incentivos que se derivan del sistema tributario con el objetivo de promover el trabajo, el ahorro y la inversión, es decir, con el crecimiento económico.
Estos dos objetivos sólo pueden lograrse mediante un IVA homogéneo, porque es directo al consumo, es progresivo (paga más quien más consume), masivo, fácil de calcular y recaudar; la adopción integral del IETU; la eliminación del ISR a las personas morales; y la adopción de un ISR justo a las personas físicas.
Por enésima vez estamos a tiempo de discutir una importante reforma. ¿Estarán los legisladores dispuestos a entrarle a esta reforma? Francamente, lo dudo.
Por otro lado, se tiene que generar certidumbre y precisión en el gasto público. Desde que inició la explotación masiva de petróleo, en 1978, el gobierno mexicano se volvió especialista en destruir la riqueza petrolera. El dispendio de billones de pesos obtenidos por la producción de petróleo, recursos que deberían haber sido invertidos en capital físico y humano, simplemente se derrocharon a través de un arreglo institucional que privilegió la transferencia de rentas a unos cuantos privilegiados sin haber generado, por peso gastado, el valor agregado que lo justificara.
Lo anterior nos lleva al segundo elemento planteado para cerrar el boquete fiscal. El gobierno, en sus tres niveles, desperdicia más de 300 mmdp al año en programas de apoyo a diversos sectores que, bajo una estricta evaluación social de proyectos, tienen valor presente negativo: pago a miles de burócratas que administran este derroche de recursos; transferencias a sindicatos de entidades gubernamentales que son un verdadero insulto para el resto de la población; 100 mil profesores que nunca se paran en un salón de clase por estar comisionados en el sindicato; obras públicas en infraestructura que son verdaderamente inútiles; transferencias al sector rural para mantener a los campesinos en perpetua pobreza, y un larguísimo etcétera.
Aunque todos sabemos que componer las finanzas públicas está en manos del Presidente y los legisladores, la evidencia “política” nos dice que no lo harán.
Leonardo Alvarez
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