Lo que este tipo de político rara vez observa es que manteniendo control de precios en los bienes y servicios, la calidad normalmente se deteriora en el tiempo; el uso de esos bienes y servicios pasa a ser un abuso por la irracionalidad con que la sociedad pretende aprovecharse de una situación que siente no será duradera; y porque los oferentes pierden su capacidad para invertir, mejorar, mantener y cuidar que las cosas vayan mejor.
En México sobran los ejemplos en este sentido, podemos ver el caso del servicio del transporte público o el servicio de agua potable.
La gente que normalmente usa el transporte público viaja incómoda, el mal trato y los abusos viales y civiles de los choferes son demasiado frecuentes; los riesgos de accidentes y la ocurrencia de ellos aumentan con el tiempo; y conforme esto transcurre el servicio se torna insuficiente y de pésima calidad para atender la demanda. Además, no existe un estudio de la estructura de los costos de la industria que debiera incluir, aparte de los gastos directos e indirectos de los vehículos, las remuneraciones, y seguridad y previsión social del operador, lo cual obviamente nunca es tomado en cuenta.
Con el agua potable sucede algo similar: existen colonias y fraccionamientos que tienen medidor y pagan “servicio medido” con el que frecuentemente están inconformes; y existen otras (os), incluso viviendas contiguas, que pagan una cuota fija que evidentemente ejemplifica la inequidad en el uso y pago de este vital líquido. A ello hay que agregar el enorme desperdicio que existe y que se percibe a la vista generado precisamente por esta distinción entre usos y valor, entre precio y cantidad.
En ambos casos, opera la siniestralidad del manejo político. En este par de ejemplos, los líderes o representantes populares y los sindicatos o agrupaciones choferiles crean, junto con el gobierno, un mercado políticamente muy rentable y beneficioso en detrimento de los ciudadanos que, en general, para no acarrearse problemas, por no haber canales de transmisión efectivos entre sociedad y gobierno, o simplemente por no tener tiempo para manifestar su inconformidad, sencillamente, no le dan importancia o son indolentes.
Independientemente de que es muy difícil justificar desde el punto de vista económico el hecho de subsidiar o controlar este tipo de bienes y servicios, en primer lugar, por la ineficiencia que se genera y en segundo término por que el subsidio es más aprovechado por quienes menos lo necesitan; se genera otra aberración cuando el precio de esos servicios finalmente se revisa o ajusta al alza. Así operan las tarifas del transporte, de agua potable y otros bienes y servicios en donde interviene el Estado.
El caso de los combustibles y la política del actual gobierno federal al deslizar los precios de los combustibles, es otro ejemplo de esto que analizamos. Técnicamente, se está eliminando un subsidio que mantenía artificialmente controlado el precio de los combustibles. El debate que debe propiciarse con ésta política es cómo los gobiernos deben promover el mejoramiento del ambiente, desincentivar el uso de automóviles, utilizar energías limpias, promover el uso de transporte alternativo (metro, metrobus, bicicleta…), y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general. Pero lo que sucede es lo contrario: los concesionarios presionan por aumentar las tarifas al tiempo que empeoran sus servicios, y los ciudadanos acusan de insensible al Ejecutivo provocando altas expectativas de inflación en los precios. Al final, perdemos todos porque no se propician políticas correctas, que es pagar el precio justo por un servicio de más calidad.
En este contexto, ya salió a la luz el eterno debate de las tarifas del transporte público en varias entidades de la república y no somos la excepción. El argumento es el desmedido e insensible aumento de precio en los combustibles, aunque con ello, como sucede siempre, no se proponga mejorar ni la calidad ni el servicio, y ni hablar de las remuneraciones, y la seguridad y previsión social de los operadores, lo cual, obviamente, nunca será tomado en cuenta por los concesionarios en complicidad con el Estado.
Lo mismo sucede con quienes pagan cuota fija o servicio medido en agua potable: políticamente es un tema al que no hay que “moverle”, aunque los sistemas descentralizados se caigan a pedazos o no cuenten con suficientes recursos para mantener o equipar sus instalaciones.
Prácticamente, no existe político en el mundo que resista la tentación de controlar los precios de los bienes y servicios, en especial de aquellos que el gobierno local o federal proporciona a la sociedad o de aquellos que ofrece algún agente privado bajo un esquema de concesión. Aunque con ello se genere ineficiencia y lo aprovechen quienes menos lo necesitan.
* Artículo exclusivo para la revista Soy Durango del mes de Febrero 2011,
Leonardo Alvarez
@leon_alvarez
